Asesinan a Bernardo Vásquez opositor a proyecto minero en San José del Progreso, Oaxaca

México, D.F. a 15 de marzo de 2012.

Al pueblo de México,
A los medios de comunicación,
El día de hoy jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron interceptados y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego de 9mm, los compañeros Bernardo Vásquez Sánches, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro y se encuentra herida; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).
Bernardo Vásquez Sánches, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de  la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.
Este terrible hecho violento es el segundo acto de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez,  así como heridas graves en la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez.
Antecedentes
A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad ya cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo hoy es el día en que este se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso.
El conflicto en San José del Progreso no es nuevo. El día 14 de Marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de 2 meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad, como consta en las diversas publicaciones periodísticas oaxaqueñas del momento. Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán—, como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera.
Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento (la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”), que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales. Se acusa a esta “asociación civil” de intimidar, golpear y amenazar a los pobladores de las comunidades que exigen el cierre de la mina. Los opositores al proyecto minero exigen, desde hace más de dos años, que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos de transparencia. También denuncian que en ningún momento hubo consulta pública alguna sobre el proyecto y la empresa Minera Cuzcatlán se ha negado en todo momento a transparentar sus operaciones ante las  comunidades.
La complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Minera Cuzcatlán se hacen más evidentes cuando en reiteradas ocasiones se les informó e hizo llegar las evidencias fotográficas y filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos, tanto por la llamada asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos (creada y financiada por la minera) presidida por Servando German Arango, así como por las mismas autoridades municipales y de los cuerpos policiacos de la policía estatal y federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo.
En este contexto nos resultan aberrantes los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, quien ha comunicado recientemente  que  los costos de producción de una onza de plata en la mina “San José” es de 7.40 dólares; Según la bolsa de Valores, el precio actual de compra de una onza de plata es de 32.20 dólares, por lo tanto la empresa minera Cuzcatlán obtendría una ganancia de 24.80 dólares por cada onza de plata que produce.
Según estimaciones de la empresa, la “mina” estaría produciendo anualmente cinco millones de Onzas de plata, lo cual se traduciría  en 124 millones de dólares de ganancias anualmente.
Queremos manifestar que estas ganancias excesivas no se han traducido en mejores condiciones de vida para el municipio de San José del Progreso. Por el contrario, se encuentra amenazado el principal recurso natural con el que contamos: el agua  y se ha provocado un conflicto social que, a la luz de los últimos acontecimientos, tiende a agravarse.
Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales de Oaxaca.
También es demostrable técnicamente el consumo excesivo de agua que requieren este tipo de proyectos, y es lógico que la empresa busque a como de lugar el abastecimiento requerido. Este es un hecho y en este caso el fondo del asunto, la diferencia de intereses y conceptos, mientras que para los habitantes de la zona el agua significa la vida y la preservación de las especies, para la empresa y sus incondicionales, el agua significa ganancias monetarias privadas.
Creemos necesario referir que este conflicto es sólo una muestra del futuro que nos espera. En Oaxaca hay varias docenas de proyectos mineros similares al de San José de Progreso. Conforme llegan a la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socio-ambiental y político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subterráneas, incremento en actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos, de toda la sociedad como es el derecho inalienable al agua.
Atentamente,
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
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