El litigio participativo para la defensa de los territorios indígenas de México.

Tomado de: http://www.revistas.unam.mx/index.php/crs/article/view/67017

 

 

Entrevista al abogado Raymundo Espinoza Hernández, por Maya Lorena Pérez Ruiz.

 

 

En México, desde 1992, los pueblos indígenas se reconcen constitucionalmente como integrantes de la nación y su presencia se valora por sus aportaciones a la diversidad cultural del país y por ello se conciben como sustento del patrimonio cultural nacional. Coincidentemente, en el mismo año en que se reformó el artículo 4o de la Constitución para considerar por primera vez a los indígenas como integrantes del Estado mexicano, se reformó también el artículo 27 constitucional con el fin de liberar el mercado de tierras y posibilitar la entrada de los capitales privados para la explotación del subsuelo y los recursos hídricos y mineros en todo el territorio nacional. Con este paso el Estado mexicano, por una parte, dejó de lado su identidad nacionalista, social y reguladora para asumir abiertamente su perfil neoliberal; y, por el otro, en relación con los pueblos indígenas abandonó sus políticas de justicia social para introducirse de lleno en las políticas de reconocimiento con un enfoque muticultiralista, cada vez más orientadas a la folclorización y comercialización de las expresiones culturales de los pueblos indígenas y en general de la diversidad cutural.
En el campo del reconocimiento de los derechos indígenas en el año 2001un nuevo paso se llevó a cabo, cuando en el marco del conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal, los legisladores mexicanos aprobaron una nueva reforma constitucional para reconocer el derecho a la autonomía indígena de forma limitada, ya que no prevé la autonomía territorial ni la pluralidad jurídica y concibe a los indígenas como “sujetos de interés público” y no como “sujetos de derecho” (Pérez Ruiz, 2005). En ese contexto, y bajo la lógica de reconocer derechos al tiempo de impulsar el desarrollo neoliberal, en julio de 2003 entró en vigor el decreto por el que se expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que abrogó la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista; se decretó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Desde entonces, además, se implementaron diversos programas de acción afirmativa de la diferencia cultural en diversas universidades y se impulsaron universidades indígenas e interculturales.