Esta inclusión de los temas ambientales en la legislación mexicana se inscribe en las actividades internacionales para evaluar el bienestar de la población, tomando en cuenta, incluyendo, y la calidad del medio ambiente. Se llegó a un consenso sobre esta cuestión en el informe de la Comisión Brundtland, Our Common Future, 1 publicado en 1987.
Además, los datos disponibles de finales de la década de 1980, aunque bastante escasos, permitieron estimar la magnitud de los posibles problemas ambientales de los últimos años. Solo en la última década de la década, el período inicial de los noventa, se produjo un aumento significativo en la concentración de la zona en el área de la Ciudad de México: de 115 ppb en 1989 a 175 ppb en 1991.
El desarrollo de tener en cuenta la interacción entre la economía y el medio ambiente es el resultado de muchos factores distintos a los descritos anteriormente. Onosa también depende del liderazgo del proyecto y su concepto, y especialmente de la capacidad del país en el campo de las estadísticas.
Promovió sustancialmente la implementación de cuentas ambientales en el diálogo de país y la cooperación con el sector ambiental en México. México ya posee un gran potencial técnico y está dispuesto a cooperar en su evaluación de variables ambientales como el producto ambiental limpio o CHEWP.
El sector ambiental del país se fortaleció como resultado del establecimiento de diversas instituciones. Estas instituciones están estimulando discusiones sobre temas técnicos y proporcionando la información necesaria para crear una tabla contable para el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA). En 1982, se estableció el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ecología. En 1992, el Instituto Nacional de Ecología y la Agencia Federal para la Protección del Medio Ambiente comenzaron su labor.
En 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) para planificar el manejo de los recursos naturales y la política ambiental en el país, desde un enfoque holístico, tomando en cuenta los problemas económicos, sociales y ambientales. Junto a estos, se han establecido otras instituciones, que son responsables de la presentación regular de datos ambientales, como el Instituto Nacional de Pesca, la Comisión Nacional de Recursos Hídricos, la Comisión de Conocimiento sobre el Uso de la Biodiversidad.
En el año 2000 se introdujeron cambios en la Ley de Administración del Gobierno Federal, que prevé el establecimiento de la Secretaría de Autoambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Como resultado, las cuestiones ambientales se han convertido en un tema transversal importante en el trabajo de tres comités gubernamentales relacionados: el Comité de Desarrollo Humano Social, el Comité de Protección de la Ley, el Orden y el Respeto y el Comité de Crecimiento de la Calidad.